2008-05-05 -

Por Lázaro Llorens (*)

URQUIADA I: Urquía “el Aceitoso” tiene un estilo campechano. Se comenta que anda con mocasines con suela agujereada, y que viaja en colectivo. Sin embargo esta vida franciscana no condice con su fortuna personal y sus influencias políticas. El magnate-senador cordobés, cuyo patrimonio asciende a 150 millones de pesos, es director y accionista de la empresa Aceitera General Deheza. Una de las principales exportadoras de granos del país, que factura 4 mil millones de pesos por año. A su vez AGD es socia en varios proyectos, de la mítica Bunge (ex Bunge & Born), segunda empresa exportadora de granos de argentina. A la que Perón llamaba “El Pulpo”.

Esta dúplice función de senador-empresario, propia de las antiguas oligarquías vacunas, ha puesto en una situación resbaladiza al aceitoso dueño de AGD. La denuncia penal presentada por Monners Sanz y Cafiero solicita que la justicia lo investigue por violación a la Ley de Ética Pública, y por negociaciones incompatibles con la función pública. Acusan a Urquía de haber intervenido ilegalmente “en la modificación de la Ley de Granos, para favorecer los intereses de los exportadores de granos que el representa, al ser director y accionista de Aceitera General Deheza”.

Alberto Ferrari Etcheberry, ex presidente de la Junta nacional de Granos, ratificó ante
el diario Página 12, este ilegal accionar del senador cordobés.

Los hechos fueron así. A fines del 2007 la Cámara de Diputados dio media sanción a una modificación de Ley de Granos. Su objeto era acabar con los “graves abusos” que vienen cometiendo las empresas exportadoras de granos con las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior de índole especulativas. Según los denunciantes “las mismas aparecen masivamente cada vez que se anticipa una suba de las retenciones o del precio de los granos en el mercado internacional.

De esta manera como quien compra dólares en vísperas de una devaluación, los exportadores se hacen de una jugosa diferencia, al congelar el nivel de las retenciones y lo precios sobre las que estas se calculan, a los valores previos a la devaluación”.

A modo explicativo: supongamos que la soja tiene una retención del 35% sobre un precio de 500 dólares la tonelada. Cuando se empieza a hablar de una suba de las retenciones, como en las que hubo en noviembre y marzo pasado, mediante Declaraciones Juradas, las empresas exportadoras simulan disponer de millones de toneladas de soja, que en muchos casos ni siquiera están sembradas, según señala Ferrari Echeberry en una investigación.

De esta manera, una vez que las empresas exportadoras efectivizan la venta al exterior, las empresas le continúan liquidando al Estado una retención del 35% sobre 500. No importa si en ese ínterin las retenciones pasaron del 35% al 44% o al 100%. O si el precio de la soja pasó de 500 a 600 o 1000 dólares.

Para Monners Sanz y Cafiero estas maniobras especulativas hoy perduran gracias a Urquía y su “Parker”. Las pruebas que presentan son contundentes. Según ellos, luego que diputados aprobó, sin oposición ni discusión, la modificación a Ley de Granos, esta pasó al Senado para su revisión.

Sin embargo, textualmente dice la denuncia “a principios de este año, el senador Urquía, representando no los intereses de Córdoba y el país, si no los interese de los exportadores de granos y de la Aceitera General Deheza, se encargó como presidente de la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda, y como único miembro informante del tratamiento de esa ley, de introducir una modificación en el texto, que en la practica anuló enteramente lo dispuesto previamente por la Cámara de Diputados”.

“Las cifras son muy importantes”, señaló Cafiero a Veintitrés. “Se estima que entre 15 y 20 millones de toneladas de granos pueden estar falsamente declaradas como ventas al exterior, pero en realidad nunca fueron efectivamente compradas al momento de hacer la Declaración Jurada”.

El ex diputado añade, “estamos hablando de un beneficio extra para los exportadores de más de 500 millones de dólares en la suba de noviembre, y una cifra muy superior para la de marzo”. Es decir, centenares de millones de dólares que deberían ingresar a las arcas del Estado como impuestos, sin embargo quedaron en manos de las empresas exportadoras, entre estas Cargill, Bunge, Dreyfus y AGD de Urquía.

Ferrari Echeberry ratificó lo anterior. Señaló que “los remiendos a la ley, impulsados por el senador oficialista Roberto Urquía, dueño de la Aceitera General Deheza, dejaron sin efecto el proyecto de diputados, que hubiera sido un paso para la recuperación de estos impuestos”.

Por su parte Cafiero arrojó un interesante dato: “en noviembre del 2007, Urquía renunció a su cargo como diputado electo y continuó como senador nacional”. Su renuncia, se pregunta “¿Habrá sido para quedarse como arquero en el senado de los intereses de los exportadores, y tirar la pelota afuera?”

URQUIADA II: La denuncia anterior fue hecha en el marco de una presentación judicial más amplia, llevada adelante por Monners Sans y Cafiero. En ella solicitaron que la justicia investigue la forma en que liquidan las retenciones las empresas exportadoras de granos en Argentina. AGD de Urquía, junto con Cargill, Bunge, Dreyfus, son algunas de las grandes empresas que nuevamente están bajo la lupa.

El escrito presentado ante la justicia federal sostiene que aprovechándose de las polémicas retenciones, estas empresas practican una conducta defraudatoria hacia los productores agrícolas. Para ello efectúan erróneamente un cálculo que “infla” las retenciones y “desinfla” el precio que le pagan al productor. Pero finalmente no son esas retenciones “infladas” las que las exportadoras pagan al fisco, sino cifras mucho menores que dependen de la alícuota de las retenciones.

De esta manera según Monner Sans y Cafiero “un puñado de empresas, en su mayoría trasnacionales, logran apropiarse de una sustancial diferencia, en base a la existencia de información erróneamente calculada y publicada oficialmente por la Secretaría de Agricultura”. Y como consecuencia se transfieren “formidables riquezas del la producción y desde el interior hacia las empresas exportadoras de granos, que dominan el comercio exterior argentino”, entre la cuales figura AGD.

Nuevamente, no son un par de chirolas lo que está en juego. Mediante esta “irregular” liquidación, las empresas exportadoras se habrían quedado desde que se reinstalaron las retenciones en el 2002 con unos 10 mil millones de pesos, señalaron a Veintitrés quienes efectuaron la denuncia. Es decir una enorme masa de dinero que debería estar en manos de los productores y/o el Estado, sin embargo fue a parar a las exportadoras de granos. “Debe investigarse despacho por despacho de aduana, la forma en que los exportadores han liquidado los derechos de exportación” exigió Cafiero, ya que habría “diferencias muy importantes de entre lo que se dice que se paga, y lo que efectivamente entra al fisco”.

ADUANA URQUÍA: Lo anterior no es todo. Otras graves irregularidades ponen sobre le tapete el dúplice papel que estaría desempeñando el aceitoso senador cordobés. El 12 de marzo de este año, a los pocos días de modificar la Ley de Granos, Urquía logró que el Senado aprobara la ley 26.359. Con ella se dispuso la instalación por parte del gobierno nacional, de una singular “aduana seca” en la localidad de General Deheza, justo frente a la empresa de Urquía.

La misma cubrirá todo el sur de Córdoba y norte de La Pampa. Al respecto, el diario La Nación comentó que, con la aprobación de esa ley, Urquía había concretado el sueño de la aduana propia. Resaltó que a fines del año pasado, tras asumir la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del senado, lo primero que hizo el dueño de AGD fue poner en consideración este proyecto.

Este hecho según La Nación, “generó malestar entre sus colegas oficialistas” quienes comentaban que Urquía recién asumía “y se iba con una aduana bajo el brazo”. En los penumbrosos pasillos del senado, se rumoreaba que la sanción de dicha Ley, habría sido una retribución a al magnate sanador por sus contribuciones electorales.

Lo concreto es que esta singular “aduana seca”, en la cual el Estado según informó Clarín, lleva gastado ya 96 millones de pesos solo en “escáners”, le facilitará enormemente los trámites administrativos de exportación a Urquía. Y lógicamente también generará un ambiente más propicio para que las irregularidades que hoy existen en torno a las exportaciones de cereales continúen.

Con su obtención Urquía terminó de forjar un verdadero emporio como traficante de granos. El magnate senador ahora cuenta en su haber con: la aceitera AGD, el puerto “Terminal 6” en Rosario (en sociedad con Bunge); el ramal ferroviario “Nuevo Central Argentino” que cubre la cuenca cerealera; y una “aduana oficial” al que solo le falta su nombre. Un verdadero “pulpo”, como antes lo era Bunge & Born, su actual socio, que antes dominaba verticalmente el negocio de la comercialización de los granos.

FERRO - URQUÍA: En el multimillonario negocio del tráfico de granos, el transporte es un factor fundamental, al tener una incidencia determinante en los costos y en los precios pagados al productor. No es casualidad entonces que en 1992, en pleno auge de las privatizaciones, Urquía haya resultado adjudicatario, mediante el decreto 992/92, de la concesión de la línea ferroviaria “General Mitre”, hoy conocida como “Nuevo Central Argentino” (NCA). El mismo nombre que tenía antes de la nacionalización de los ferrocarriles, cuando pertenecía al capital inglés.

Dicho decreto llevó la firma del ex presidente Menen, y la de un amigo personal de Urquía: Domingo Cavallo por entonces súper ministro de economía. La concesión, que abarcaba 5.200 Km. de vías, se hizo por 30 años, con una posibilidad de prorroga de 10 años más. El socio de Urquía, es la Corporación Financiera Internacional (CFI), una de las instituciones que conforman el Banco Mundial.

El NCA es actualmente una tela de araña que se extiende sobre las zonas más fértiles de Argentina. A través de él, diariamente se transportan hacia los puertos, toneladas y toneladas de productos, cuyo único destino es el exterior. Los vagones del NCA transportan semillas, maní, frutas, aceites, tabaco, alimentos industrializados, hasta el oro que se extrae de la mina La Alumbrera. Una verdadera aspiradora de recursos naturales primarios, que son bombeados al exterior.

La concesión de este tren es una muestra cabal que Urquía no sabe de gobiernos neoliberales o progresistas. Con ambos supo llevar adelante espectaculares negocios.

La diputada nacional Ester Alicia apunta que la empresa ferroviaria de Urquía incumplió en múltiples aspectos el contrato firmado en 1992 con Menem y Cavallo. NCA no realizó las inversiones comprometidas y acumuló una deuda con el Estado de 108 millones de pesos, por el no pago del canon, alquileres, multas, etc. Pese a ello, en agosto del 2006, consiguió que el Congreso, en medio de fuertes cuestionamientos, aprobara una renegociación del contrato muy beneficiosa para Urquía.

El aceitoso consiguió que la deuda de 108 millones de pesos, baje a 60 millones. Y que le condonaran esos 60 millones que debía pagar, a cambio de promesas de futuras inversiones. Además Urquía consiguió extender anticipadamente, de 10 a 15 años la eventual prorroga de la concesión, y que las millonarias inversiones que por contrato les correspondían al NCA, quedaran exclusivamente a cargo del Estado.

Estos negocios ferroviarios le cayeron muy bien al aceitoso dueño de AGD. Mediante la sociedad Ferrocentral (UTE integrada por Nuevo Central Argentino y Ferrovías) Urquía resultó adjudicatario en Córdoba la concesión de los trenes “Rayo de Sol”, que va de Córdoba a Buenos Aires, y el tren turístico “Tren de las Sierras”. Ambas concesiones se hicieron mediante una llamativa modalidad: el Estado, o sea el pueblo argentino, es el encargado de las inversiones y el mantenimiento de los trenes, mientras que Ferrocentral  de Urquía se encarga de la “operatividad” y de cobrar los boletos.

El “Tren de la Sierras”, que hasta ahora llega solo a La Calera, hace un recorrido diario. Sin embargo tiene hasta cámaras de TV en los pasos niveles, y el gobierno lleva invertidos en él más de 15 millones de pesos. Otros tantos millones lleva invertidos, vía subsidios, en el tren “Rayo de Sol”. Que de “rayo” tiene poco, dado que tarda en llegar a Buenos Aries lo mismo que tardaba hace 100 años cuando las locomotoras eran a vapor.

Pese a ello según Elido Veschi, uno de los máximos expertos en ferrocarriles del país,  el “Rayo de Sol” hoy es “uno de los trenes más caro del mundo”. En el 2006 el Estado gastó 350 pesos por pasajero trasladado, razón por la cual según Veschi, al estado le hubiese convenido fletar a los pasajeros por avión. 

URQUIA SUBSIDIADO: Los millonarios subsidios que actualmente recibe Aceitera General Deheza, para no modificar el precio del aceite comestible, es otro hecho que pone en entredicho al aceitoso senador. El titular de la Federación Agraria Argentina Eduardo Buzzi, señaló que el 40% de los subsidios que destinó el gobierno nacional a través de la ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial y Agropecuario), fue dirigido a cinco grandes empresas, entre las cuales figura preponderantemente AGD.

Efectivamente en la página web de la Oncca (www.oncca.gov.ar) se puede comprobar que desde febrero del 2007 hasta enero del 2008, las empresas fabricantes de aceite comestible recibieron 282 millones de pesos en subsidios. De esos 282 millones de pesos, Aceitera General Deheza recibió 63,5 millones.

Este monto representa el 22% del total percibido por el sector. A esto debe añadirse que hasta hace unos días el vicepresidente de la ONCCA era Jorge Artundo, funcionario que según el diario oficialista Pagina 12, era “un alfil del empresario aceitero Roberto Urquía”.

(*) Periodista - Colaborador de la revista umbrales.

 Revista Veintitrés.

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